Como bien expone el Sr. Zafra, "el conocimiento experto es imprescindible para aplicar una decisión pero no para adoptarla". El político debe moverse en una zona para la cual la ciencia no puede ofrecer respuestas. Es por ello que el político necesita de otro tipo de pericia, diferente a la que le podría proporcionar el conocimiento técnico. Este tipo de pericia es trasladable de unos campos técnicos a otros, motivo por el cual es tan habitual ver políticos de alto nivel gestionando temas muy distintos en diferentes momentos de su carrera.
No obstante, y sin dejar de estar de acuerdo con la visión presentada por el Sr. Zafra, mi reflexión ahonda un poco en este tema en el sentido en que, si bien para la selección de técnicos existen unas serie de pruebas que permiten garantizar un mínimo de solvencia en el ámbito de su ejercicio, legitimando así al técnico, no existe nada parecido en el ámbito político. Esto es, ¿qué legitima a un político? Los votos de la gente. Pero, ¿realmente los votos legitiman a un político? Pensemos por un momento cómo votamos, como sociedad, en conjunto. No votamos a una persona. Votamos a un partido. Y es el partido quien hace las listas. Poco nos importa quien hay en ellas. Votamos al partido porque creemos que es lo mejor en un momento dado o porque es el que mejor representa nuestra ideología (o eso creemos). Así pues, ¿qué legitimidad otorga eso a quien finalmente vaya a desempeñar un cargo, a la persona en sí? Esa persona no ha demostrado otra cosa que su pertenencia y lealtad al partido que lo nombra. Nada más. Así las cosas, ¿no sería razonable exigir a los gobernantes que, al igual que los técnicos, acrediten su solvencia en su campo de alguna manera? Voy más allá. No solo solvencia en el ámbito de toma de decisiones políticas sino también en el ámbito técnico sobre el que se van a adoptar sus decisiones. Pues si bien es cierto que dicho conocimiento técnico no es necesario, no es menos cierto que tampoco es contraproduciente y, en todo caso, puede ser de ayuda a la hora de tomar decisiones, permitiendo al político tener criterio propio y no estar al arbitrio de asesores y lobbies, los cuales pueden tener, o de hecho tienen, sus propios intereses.

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